“Hemos solicitado la invalidación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) emitida por la autoridad medio ambiental, dado los sustantivos vicios de ilegalidad detectados, muy especialmente por la delicada situación del acuífero de Santiago, el cual se encuentra en Zona de Restricción desde el año 2005 y recientemente declarado Zona de Prohibición desde febrero del año en curso, 2020, lo que se contrapone a la pretensión de obtener recursos hídricos para el proyecto, a pesar de la grave situación de sequía que afecta al país y a la Región Metropolitana”
“Amparados en el derecho a defender la vida en un ambiente libre contaminación, en respeto y equilibrio con la naturaleza y sus ecosistemas que permitan suministro seguro de agua potable para consumo humano” el Movimiento Socioambiental de Cerrillos por el Agua y el Territorio (Mosacat) le dice no al Data Center que planea construir Google en la comuna.
El proyecto “Cerrillos Data Center”, anunciado en 2018 y que supone una inversión de US$ 200 millones, está a cargo de la empresa “Inversiones y Servicios Dataluna LTDA”. Este ingresó al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) el 15 de julio de 2019, mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
“Desde ahí en adelante el procedimiento tuvo serias negligencias administrativas, situación contra las cuales, como movimiento socioambiental, hemos tomados medidas legales”, denuncian desde el movimiento. Por lo que, representados por la abogada Sabiñe Susaeta Herrera, interpusieron una invalidación administrativa fundada en el artículo n° 53 de la LEY 19.880.
“Hemos solicitado la invalidación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) emitida por la autoridad medio ambiental, dado los sustantivos vicios de ilegalidad detectados, muy especialmente por la delicada situación del acuífero de Santiago, el cual se encuentra en Zona de Restricción desde el año 2005 y recientemente declarado Zona de Prohibición desde febrero del año en curso, 2020, lo que se contrapone a la pretensión de obtener recursos hídricos para el proyecto, a pesar de la grave situación de sequía que afecta al país y a la Región Metropolitana” señalen en un comunicado.
Desde el Mosacat advierten que el proyecto extraerá agua de forma intensiva todos los días del año y que para satisfacer las necesidades del personal a cargo de la operación del proyecto, el abastecimiento se realizará a través de conexión a la red de distribución de agua potable de la empresa SMAPA. “Se estima un consumo domiciliario promedio de 5m3/día, asegurando de esta manera una dotación de 100 litros por persona diaria”, explican.
Además, respecto del agua requerida para el sistema de enfriamiento del proyecto, señalan que esta se obtendrá directamente desde los 3 pozos con los que cuenta el sitio, cuya extracción será de 169 l/s y se encuentra autorizada.
Cabe mencionar que la Dirección General de Aguas (DGA) impuso medidas de mitigación inadecuadas al titular, lo que, según el movimiento socioambiental, es del todo improcedente en una Declaración de Impacto Ambiental, porque las medidas de mitigación solo están contempladas en la ley para un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), siento estas medidas un reconocimiento de que el proyecto ingresó por una evaluación inadecuada.
“El EIA es la única vía de evaluar adecuadamente medidas de mitigación para el impacto al acuífero, pues así ha sido contemplado por la ley 19.300. Las medidas contempladas en el DIA actual para disminuir el impacto al acuífero son insuficientes, toda vez que con la información contenida en el expediente es imposible saber cuál será el verdadero impacto al acuífero”, añadieron.
Por otro lado, aseguran que el proyecto también supera la norma de emisión de material particulado en un 160% y a pesar de ello no se le exigió que ingresara por Estudio de Impacto Ambiental. “Eso provocará impactos significativos a la calidad del aire, lo que puede ser perjudicial para la salud de las personas”, recalcaron desde el Mosacat.
Finalmente, agregaron que el Consejo de Monumentos Nacionales señaló que los antecedentes aportados por el titular no eran suficientes para descartar la afectación al patrimonio cultural, en una zona de presencia de hallazgos arqueológicos. Estos, sin mencionar que el organismo sectorial solicitó al titular que el análisis de terreno fuera realizado por un profesional paleontólogo, lo que fue ignorado tanto por el titular como por la autoridad evaluadora (SEA).
“Un Estudio de Impacto Ambiental es mucho más exigente en la información contenida y además contempla obligatoriamente la participación ciudadana, lo que se vería vulnerado en este caso, al tratar de implementar medidas de mitigación insuficientes en un DIA”, reiteraron.
